Resumen: La Dirección General de los Registros y del Notariado acordó conceder la nacionalidad española por residencia al solicitante mediante resolución que fue después declarada lesiva para los intereses generales al constatarse que el solicitante se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Pamplona cumpliendo condena de cuatro años de prisión por cultivo, elaboración o tráfico de drogas, tres meses y quince días de prisión por un delito de daños, y treinta días de prisión por hurto, además de contar con numerosos antecedentes policiales. El Abogado del Estado presentó ante la Sala demanda de lesividad a cuya estimación se opuso el interesado por considerar que se le había ocasionado indefensión y porque cuestionaba la posibilidad de acudir a este procedimiento cuando se justifica en aspectos o datos que debieron ser conocidos y apreciados por la Administración en su momento. La Sala estima la lesividad y anula el acto de concesión de la nacionalidad argumentando que la comisión de los delitos mientras se tramitaba el expediente de nacionalidad no permitió conocer a la Administración estos hechos y, sobre todo, no fueron tenidos en cuenta a la hora de tomar la decisión.
